El pasado 29 de abril, en Bruselas, se produjo, sin duda alguna, una de las noticias más relevantes que pueden marcar el futuro del sector en las próximas décadas, aunque desde el punto de vista periodístico no ha sido recogido por los medios con la fuerza que se merece.
Me refiero a que la Comisión Europea presentó un documento que reabre el debate sobre la edición genética, la conocida como CRISPR/Cas 9.
Para conocer la magnitud de lo que esta nueva técnica representa solo tenemos que explicar que el Premio Nobel de Química de 2020 fue concedido a las investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, por este desarrollo. No creo que la Academia sueca premie con ligereza.
Esta tecnología, cuyo uso beneficia a toda la cadena alimentaria, es, según la comunidad científica, una herramienta necesaria para conseguir los retos a los que se enfrentará el Viejo Continente en 2030: el Pacto Verde y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’.
Sin embargo, llevamos dos años, casi tres, perdidos después de que el fallo del máximo Tribunal Europeo equiparara la edición genética con los transgénicos, todo ello bajo el paraguas de una legislación obsoleta del año 2001. Una vez más, la ciencia avanza más que el Derecho y, mientras tanto, Europa corre el riesgo de dejar pasar un tren de alta velocidad, que sí tiene apeaderos en otros países de nuestro entorno.
No tenemos mucho tiempo para un análisis que pudiera significar un nuevo frenazo o la judicialización de un asunto que trasciende del debate científico al político. No es cuestión de perder la carrera por el conocimiento o la competitividad empresarial. Europa necesita urgentemente dotarse de un marco regulatorio que ampare las nuevas tecnologías.
¿A qué esperamos? ¿A que lo hagan otros? ¿O a que las multinacionales con sede en España no puedan trabajar y opten por una nueva localización? Europa se la juega, pero nosotros más, porque el sector agroalimentario es el segundo con mayor peso económico en nuestra maltrecha economía.
