El recorte de agua del Trasvase Tajo-Segura no atiende ni a criterios técnicos ni jurídicos, solo y exclusivamente a criterios de índole política y territorial, sin estar avalados por criterios de carácter científico ni jurídico.
A la hora de escribir esta información el Consejo de Ministros ya ha había dado el visto bueno al Plan Hidrológico, pero todavía quedaba su aprobación final. Las aportaciones de caudales del trasvase Tajo-Segura hacia las provincias de Murcia, Alicante y Almería, verán de esta manera reducidos sus caudales de forma muy significativa y hacen peligrar una de las agriculturas más productivas de todo el continente.
Con la aprobación del plan quedará impuesto el incremento de los caudales ecológicos del Tajo que pasarían de 6m³/s a 8,63m³/s, de modo que el volumen medio de aportaciones del Trasvase Tajo-Segura se reducirá en 78 hm³/año. Una merma que, además, se acrecentará con las transferencias previstas para el abastecimiento de la llanura manchega.
Con estos datos, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) augura la pérdida anual de 103,5 hm³ del suministro de agua asociada al Trasvase.
Además de la reducción de agua que el levante español sufrirá, el Plan del Segura aborda también la reducción de las explotaciones previstas para las aguas subterráneas procedentes de masas, lo que pone en riesgo el buen estado cuantitativo del conjunto de las aguas subterráneas de la demarcación. De este modo, un total de 213,2 hm³/ año, procedentes de aguas subterráneas tendrían que dejar de ser objeto de aprovechamiento en el año 2027.
Si en la actualidad, el déficit total de aplicación de recursos en la cuenca, según el Plan del Segura, se cifra en 96,4 hm³/año, en el año 2027 podría alcanzar los 287 hm³/año (considerando la limitación al aprovechamiento de aguas subterráneas y los incrementos procedentes de las desaladoras).
A esta última cifra habría que sumar los recortes advertidos en los volúmenes medios que dejen de transportarse por Trasvase Tajo-Segura (103,5 hm³/año), lo que dejará el déficit en el año 2027 en un total de 390,5 hm³/año.
¿Qué supone esto en términos sociales y económicos?
La aprobación de este plan contemplaría los siguientes escenarios: la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos; reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros; la eliminación de sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. Y un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, como resultado de una mayor dependencia del agua desalada (más cara y contaminante).
¿Qué avala u obliga a fijar unos caudales ecológicos para 2027 en 8,63m3/s siendo que ahora estamos en 6m3/s?
Según afirma Isabel Caro-Patón Carmona (socia de Menéndez & Asociados Abogados), especialista en derecho de recursos naturales, energía y aguas, no existen requisitos técnicos que garanticen que el aumento de los caudales ecológicos pueda suponer la mejora de las aguas del río Tajo, sino que esa mejora depende de otros factores, relativos sobre todo a los efluentes de las aguas depuradas que alcanzan ese cauce.
Por otro lado, tampoco tienen cabida los requisitos jurídicos, ya que las cinco sentencias del Tribunal Supremo, a la que apela la ministra Teresa Ribera, solo obligan a la fijación de caudales ecológicos, pero en ningún momento determinan su cantidad exacta.
