Juan Colomina, consejero delegado de Coexphal, considera que en el momento en el que se haga, el efecto será “la inmediata paralización de los mercados”
¿Cómo afectarán la guerra de Putin y la subida de costes al sector hortofrutícola?
Desde el punto de vista de los envíos Rusia ya estaba cerrada hace varios años. Hubo ayudas para compensar las sanciones, pero la situación se cronificó y se perdió el mercado ruso. Por su parte, las ventas de productos de Almería a Ucrania no llegan ni a 2 millones de euros. Lo que sí nos afecta es que el mercado ucraniano deje de recibir productos de Polonia, Rumanía o Hungría. El efecto más importante tiene que ver con un posible aumento de costes. A la inflación que ya veníamos padeciendo se va a unir la derivada de la guerra y sobre todo el coste de la energía, que repercute de manera desigual a los distintos insumos. De mantenerse las sanciones a Rusia y deteriorarse las exportaciones de países competidores como Marruecos, se podrían desviar a la Unión Europea y deteriorar aún más los precios. Otro factor a tener en cuenta es el deterioro del poder adquisitivo de los rusos, que podría hacer caer el consumo de forma rápida en productos como el tomate e inundar nuestros mercados con productos de otros orígenes que antes se destinaban allí.
¿Prevé problemas de suministro importantes por la guerra? Ya hay supermercados en los que se ven lineales vacíos en momentos puntuales…
En determinados productos se están produciendo compras masivas. Por parte de la restauración, por ejemplo, se están haciendo compras previendo posibles subidas de algunos productos como aceite y cereales, así que de darse el desabastecimiento sería por problemas de ese tipo. El sector hortofrutícola de Almería está en una buena posición por su modelo basado en invernaderos solares. En Holanda el encarecimiento de la energía ha provocado que este invierno no hayan cultivado entre el 30 y el 40% de la superficie. Hace años Holanda producía en la ventana de abril a noviembre y con la aparición de la cogeneración que facilitó el acceso a la calefacción y el uso de la iluminación artificial, el sector holandés alargó el periodo de producción y hubo periodos en los que vimos los mercados saturados de producto entre lo que llegaba de Almería, Marruecos y Holanda. Ahora, si Holanda retira parte de la superficie en invierno, deberían mejorar los precios. Quizá esa sea la razón por la que el tomate de Almería está teniendo precios aceptables.
La cesta de la compra ha subido. Alexandre Bompard, presidente de Carrefour, cifra ese incremento de precios de los alimentos en España en torno al 5% y dijo en una entrevista en El País que quiere “limitar al máximo las subidas de precios”. ¿Cree que seguirán estrechándose los márgenes de los agricultores?
Nunca he tenido ninguna duda de que el trabajo de las cadenas de supermercados, como el de cualquier comerciante en cualquier producto, es aumentar sus márgenes de intermediación. Independientemente de la situación inflacionista seguirán haciéndolo. Otra política sería suicida. No sé cuál puede ser el margen de actuación que tenga una cadena de supermercados con la altísima competencia que tienen entre sí para mantener baratos los productos. Pero si refuerzan la presión sobre los pequeños proveedores de frutas y hortalizas para que vendamos más barato, se profundizará la crisis estructural que sufre el sector desde hace décadas y que está agravada por la competencia desleal de países terceros. Todo esto podría redundar en la desaparición de productores que, como es lógico, no pueden vender por debajo de costes.
Hablando de no vender por debajo de costes, ¿para qué está sirviendo la Ley de la Cadena?
Sirve para reducir enormemente la competitividad de los productores españoles, para encarecer el trabajo vía burocratización y dificultar una actividad que requiere una fluidez máxima y una agilidad enorme, porque trabajamos con perecederos. Entre los dos extremos que solemos manejar, agilidad y seguridad en las transacciones, normalmente optamos por la agilidad, renunciando a la seguridad y asumiendo riesgos. Y si ahora a los riesgos naturales del comercio como los impagos o dificultades en el suministro y la logística, le sumamos la carga administrativa por una ley Comunista que parte de la base de que, con una decisión centralizada, con una acción coercitiva del Gobierno se puede resolver un problema de mercado… Están diciendo: “prohíbo desde este momento a través de esta ley que los agricultores pierden dinero”. Me recuerda a aquella famosa frase de Chávez: “¡Exprópiese!”, cuando utilizaba el sistema legislativo para conseguir algo que de otra manera no podía obtener. En este caso es lo mismo. La persecución de objetivos aparentemente loables no justifica la toma de según qué tipos de decisiones, porque en economía las consecuencias paradójicas se dan. Y podemos encontrar que pretendiendo hacer un bien para los agricultores o los administrados, se les depare un mal. Resulta incomprensible que responsables con una cualificación y formación técnica que al menos se les presume hayan sido capaces de tomar una decisión así. Luis Planas es un muy buen político y técnico. Por lo menos hasta ahora. Por eso me ha resultado muy difícil entender que se pudiera promulgar una disposición así. Pero es que por debajo de él hay técnicos admirables como Fernando Miranda, y deberían haber sido bastante más prudentes. Entiendo que ha prevalecido la cuestión política y que gran parte de la responsabilidad la tienen las organizaciones agrarias, que han exigido una norma contraria a la más mínima ortodoxia económica. Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona el sector, y más agravado por la necesidad de la urgencia de perecederos y la volatilidad de los precios, tenía que haber previsto las enormes consecuencias que está teniendo la Ley… y porque no se está aplicando.
¿No se está aplicando la Ley?
No. Si la Ley se aplicara, el efecto que tendría sería la inmediata paralización de los mercados. No se está aplicando en los términos de obligatoriedad de no vender por debajo del coste de producción. En el momento en el que el Gobierno, entiendo que a través de los inspectores de la AICA, se dejen caer por las empresas y apliquen la Ley con ánimo de que esta tenga efecto, la consecuencia será la inmediata paralización de los mercados. Porque el productor no podrá vender. Es imposible. Si ahora mismo nos vamos a cualquier subasta, veríamos que se están vendiendo hortalizas por debajo de costes. Es imposible vender siempre por encima. Incluso a lo largo de un mismo día la evolución de los precios es distinta. Como cualquier mercado, el de las f&h oscila continuamente. El productor y el comerciante están acostumbrados a ganar dinero en previsión de que lo puedan vender en la siguiente transacción, y viceversa. ¿Cómo se puede mantener una actividad económica así? Especializándose, conociendo cómo funcionan los mercados y calculando tus ingresos, costes y márgenes como mínimo en una campaña, y lo más recomendable, en tres o cinco. Si no, no puedes valorar cómo se está desarrollando tu actividad.
En una charla de Coexphal, Daniel Lacalle adelantó que podríamos llegar a un periodo de estanflación, ¿cómo puede abordar el sector agrario una situación de este tipo?
Estamos viviendo en los últimos tiempos, y yo llevo 33 años en esta actividad, una batería de circunstancias que solo había leído como ejemplos en libros de Economía y prevención de crisis pero que nunca había vivido: guerra, crisis sanitarias como la Covid… La macroeconomía nos puede llevar a una situación similar a la que ha vivido Japón durante años, en la que los precios suben, pero no hay crecimiento económico. Quiero pensar que los responsables políticos sabrán afrontar, de darse, la estanflación. En cuanto a los agentes económicos, no sé cómo lo podríamos afrontar. De momento, este invierno, estamos pudiendo trasladar en cierta medida el aumento de costes a los precios, porque también formamos parte de esa inflación. En 2010/11 con la anterior crisis derivada de la crisis de las subprime, Almería entró en una época de márgenes negativos y muchos agricultores perdieron dinero. En estos dos últimos años hemos vivido un aumento enorme de costes de mano de obra y recientemente han subido la energía y otros insumos. Pero los mercados están permitiéndonos recuperar parte de ese incremento de costes.
¿Se podrían debilitar las inversiones de los Fondos UE de recuperación? ¿Cómo repercutirán en las f&h?
En nuestro caso, en España se han orientado a las políticas estatalistas. Estamos en una especie de tutela del pobre administrado por parte del Gobierno. Las inversiones están en los papeles desde hace mucho tiempo y en Francia y otros países ya se han repartido en un porcentaje enorme, pero aquí no hemos visto ni un euro. Desde Coexphal hemos presentado un PERTE y hemos ido buscando las medidas que más nos benefician a nivel de competitividad (sostenibilidad, modernización, autogeneración energética…). Estamos en la tercera fase, a la espera de respuesta. Es un laberinto burocrático impresionante.
¿Qué valoración hace de la PAC en sus 60 años?
En la PAC inicial se pretendía justo lo que se vuelve a poner ahora sobre la mesa, garantizar la soberanía alimentaria, que entonces no se llamaba así… garantizar el acceso de los europeos a alimentos baratos y saludables a través de proteínas, grasas e hidratos de carbono, y tuvo un gran éxito, pero no había previstas ayudas para frutas y hortalizas. Cuando las ayudas estaban acopladas e iban vinculadas a resultados mínimos de producción se llegó a unas cantidades de producción tan grandes que se tenían que almacenar los productos. Y para evitar el efecto pernicioso del exceso de producción se desacoplaron las ayudas. Posteriormente el aumento de problemas sanitarios por el exceso de una alimentación rica en grasas y azúcar provocaron que las frutas y hortalizas cambiaran de estatus. Se arbitraron unas ayudas que ponían una zanahoria al agricultor para que siguiera unas líneas marcadas por Bruselas (seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente, salud…) a través de los fondos operativos. Primero nos dieron acceso a la PAC a través de una OCM y ahora estamos dentro de los reglamentos generales, pero con ayudas que no llegan ni al 3% del valor de la producción final agraria (en los cereales superan el 50% y en olivar, el 30-35%), y sujetas a que gastemos un 3% en temas que nos imponen. Somos los que sufrimos las consecuencias de ese mercado abierto y los que menos ayudas tenemos. Y solo pedimos que nos dejen trabajar sin ‘Ley de la condena’.
