La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) de Madrid y Fenadismer, que junto con otras organizaciones empresariales han convocado un paro de tres días para Navidad —entre el 20 y el 22 de diciembre—, organizan este miércoles una manifestación de camiones por las calles de Madrid a las 10.30 y otras ciudades españolas, como Valencia, Córdoba y Almería. La patronal se encuentra actualmente en un momento de negociaciones con el Gobierno, con el que ya ha mantenido varias reuniones para evitar el paro en el sector, pero lejos de calmar la protesta, las organizaciones empresariales han amenazado con convertir este cierre en indefinido.
No todas las patronales representadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, que es el que ha convocado el paro de la semana que viene, secundan la manifestación de este miércoles. En concreto, además de CETM y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la Federación Nacional del Transporte por Carretera (Fetransa) ha tomado partido en esta marcha lenta de camiones, que según los convocantes se celebra para “dar visibilidad a los problemas que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera y la falta de medidas por parte del Gobierno”. En Madrid, los camiones transcurrirán por la M-11, el nudo Norte, el Paseo de la Castellana —donde está la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana—, la Plaza de Gregorio Marañón, la calle María de Molina y concluirá en la M-30, la principal arteria de Madrid.
Otras patronales, como la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), la Federación Independiente de Transportistas (Feintra) o la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), entre otras, que sí han convocado el cierre de la semana que viene al formar parte del Comité Nacional del Transporte, no se han sumado a la marcha del miércoles. El vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, señala que la falta de asistencia por parte de la organización no supone una desvinculación a la iniciativa de la marcha, sino que se debe a cuestiones organizativas. “Las movilizaciones de este miércoles están planificadas por asociaciones provinciales. Astic tiene como miembros directamente a empresas de transporte de todo el país y, por tanto, no forma parte del tipo de organizaciones provinciales que han adoptado estas iniciativas”, ha comentado.
Los sindicatos también han advertido de que llevarán a cabo movilizaciones si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las patronales no se sientan con ellos a resolver los principales problemas del sector. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ya ha defendido que el Gobierno ha dado solución a todas las reivindicaciones que la patronal de los transportistas ha pedido. Aunque todavía no ha detallado cuáles son las propuestas concretas, sí ha dicho que se trata de un paquete de diez medidas que marcan un hito histórico en la regulación del sector.
El encarecimiento del carburante de más de un 30% ha dado el golpe final a un sector ya muy afectado antes de la pandemia, en el que los trabajadores llevan años apuntando al Gobierno por olvidarse de sus derechos. A pesar de que la ley establece que las empresas deben trasladar el aumento de las tarifas a los clientes, los conductores autónomos o empleados en pequeñas sociedades lamentan que el encarecimiento de la energía se ha repercutido sobre ellos.
Sin embargo, la subida de los precios del combustible es la gota que ha colmado el vaso. Entre sus reivindicaciones, los transportistas exigen también la prohibición de realizar carga y descarga de los vehículos y la construcción de áreas de descanso seguras. Según el director general de CETM-Madrid, Jorge Somoza, aunque ha habido un escaso avance en las negociaciones, las posiciones de las dos partes siguen muy lejanas. “No es posible que un transportista después de jornadas de ocho horas de conducción tenga que descargar 24.000 toneladas de un camión con una transpaleta. Es una cuestión de seguridad”, apunta.
Fuentes del Ministerio explican que existe un conflicto de índole privada entre los camioneros y los cargadores, ya que, en búsqueda de una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato los transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realice esta carga y descarga. El problema principal es que el sector, al estar compuesto de pequeñas empresas y autónomos con escaso poder de negociación, ceden ante los clientes, que son más grandes y pueden imponer sus condiciones, para ganar una ventaja competitiva.
Con respecto a las áreas de descanso, aunque el Gobierno se ha comprometido a ofrecer 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, Somoza recalca que habrá que ver cómo, dónde y cuándo se implantará esta medida. El cuarto problema es el derivado de los futuros peajes. En lo que sí se ha involucrado el Ejecutivo es en que no se aplicará ningún peaje sin el consenso del sector.
Fuente: elpais.com
